La sentencia del Tribunal Constitucional 76/2019, de 22 de mayo de 2019

En este artículo la intención es realizar un breve comentario de los aspectos más relevantes de la sentencia 76/2019, de 22 de mayo, dictada por el Tribunal Constitucional en materia de protección de datos de carácter personal. La idea esencial de esta resolución es resaltar la calificación jurídica del derecho a la protección de datos personales como derecho fundamental, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución Española en relación con el artículo 53.1 de la misma norma.

Se interpone recurso de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo contra el contra el apartado 1 del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD):

“La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”.

Las razones de la interposición de dicho recurso son las siguientes:

  • La carencia de limitación del tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas por parte de los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales.
  • Así mismo, no se establece la finalidad del tratamiento de dichos datos personales, al ser el concepto de “interés público” demasiado vago.
  • No se establece cuáles son las garantías a las que se refiere el precepto impugnado, ni los criterios para determinarlas, ni la norma que deba contenerlas, ni la autoridad que deba establecerlas, sin siquiera realiza referencia alguna a los derechos de los titulares de los datos ni al modo y condiciones en que estos pueden ejercitarlos. De este modo, cualquier dato personal relativo a opiniones políticas puede ser objeto de tratamiento sin que hubiera sido aportado para este fin, o sin que su titular lo consienta, o sin que tenga noticia del tratamiento ni de su finalidad y sin que sepa en qué condiciones puede ejercer sus derechos de oposición y cancelación.

Debemos señalar la pertenencia de los datos personales relativos a opiniones políticas a la categoría de datos sensibles especialmente protegidos por el RGPD en su artículo 9.1.

Por todo lo anterior, el Alto Tribunal estima el recurso de inconstitucionalidad por la injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos personales, al no contemplarse las garantías adecuadas para el tratamiento de dichos datos, contraviniéndose el derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona, y como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.

 

Gonzalo Avilés Peña, Corporate & Compliance Consultant

Compliance, UHY Fay & Co. Madrid