El canal de denuncias es, desde hace unos años, una pieza clave, tanto del compliance, como del buen gobierno de nuestras empresas.

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Parece ya claro que tener un canal de denuncias supone no sólo una obligación normativa para algunos, sino una auto exigencia y lo que es más interesante, una oportunidad de crecimiento en la transparencia.

Es importante conocer la normativa aplicable a los mismos, encontramos distintas previsiones en distintas normas y ámbito normativos. En el ámbito Europeo el Reglamento General de Protección de Datos, prevé para los canales internos de denuncia. Ya en el ámbito nacional, el Código Penal contempla desde 2015, el habilitar un canal de denuncias de incumplimientos penales dentro de los requisitos del modelo de riesgos penales.

Es interesante señalar también que la recién publicada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales dedica su artículo 24 a los canales de denuncias. Esta Ley que alínea la legislación nacional al nuevo del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), dedica su artículo 24 a los sistemas de información de denuncias internas.

Este artículo recoge la licitud del canal de denuncias de actos o conductas contrarios a la normativa de empleados y terceros relacionados. Se recoge la necesidad de informar a los empleados de la existencia de los mismos. La norma establece distintos requisitos para estos canales como son la limitación del acceso a las personas que cumplan funciones de cumplimiento normativo o control interno, la preservación de la identidad de los denunciantes o los plazos previstos para la conservación de los datos derivados de las denuncias.

También la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales, prevé la existencia de un canal de denuncias en los sujetos obligados. Este canal de comunicación fue pensado por el legislador como una vía para alertar de operaciones e ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En el Real Decreto 11/2018, se modificaba el artículo 26 bis de la citada ley. Con este cambio se facilita a las empresas el aunar en un mismo canal de denuncias, canales que anteriormente se encontraban aislados, como por ejemplo el previsto por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

En lo referido a los sistemas de cumplimiento certificables, las normas ISO 19600, UNE 19601 de Sistema de Gestión de Compliance Penal, UNE ISO 37001 contemplan los canales de denuncia. En el caso de la UNE 19601, contempla la posibilidad de realización de denuncias anónimas y confidenciales.

Dentro de las grandes ventajas de la implantación de un canal de denuncias en una empresa pueden citarse, tanto ventajas derivadas de la propia normativa (p.e. en el modelo de prevención de riesgos penales que podría actuar como atenuante o eximente si se llegase a cometer un delito imputable a mi empresa), como otras ventajas relativas a una mayor confianza de los distintos grupos de interés o el refuerzo del control interno en la empresa.

Además, dentro del avance y mejora de los canales de denuncia, se hace incidencia de forma constante a la protección de los derechos e identidad del denunciante. De ello depende en gran parte la efectividad y la extensión del uso del canal de denuncias.

Como conclusión debe decirse que el canal de denuncias debe de ser considerado como un aliado para la empresa, como una fuente de información y conocimiento que ayude en creación de una empresa sostenible, económica, social y culturalmente.

Manuel Azpeitia

Corporate & Compliance