Hasta la reforma del Código Penal de 2.013 se consagraba el principio de “societas delinquere non potest “, lo que en definitiva exoneraba a las personas jurídicas de responsabilidad penal (Resarcimiento de Daños), quedando su  responsabilidad civil al albur del genérico artículo 1902 de Código Civil.

A partir de dicha reforma hasta la redacción actual (Ley Orgánica 1/2.015 de 30 de marzo)se rompe con el mencionado principio y concretamente en el artículo 31 bis se establece de forma taxativa que las personas jurídicas tendrán responsabilidad penal sobre los delitos cometidos por ellas o por sus representantes o administradores. A la vez  que concluye que serán responsables solidarios los administradores de derecho y de hecho por daños que causen por actos u omisiones contra la Ley o los Estatutos.

Equipara por lo tanto la ley al “administrador legal” con el administrador  “de facto” que ejerce todas las funciones de administración y gestión sin nombramiento expreso. Esta segunda concepción parece por lo tanto incluir a los mandantes de un testaferro como a aquellos que dentro de la organización de forma efectiva dirigen, controlan o administran.

Las condiciones para que materialice esta responsabilidad penal de personas jurídicas y administradores, es que el delito se haya producido en beneficio de la persona jurídica y que se haya realizado actuando en nombre y por cuenta de  la misma.

La posibilidad de imputación, se produce para las personas jurídicas por una doble vía, esto es la vía directa por las acciones realizadas por Administradores y/o directivos y por un segundo supuesto de “culpa in vigilando“ por falta de control sobre sus empleados y colaboradores cuando no se ejercite una efectiva supervisión, vigilancia y control de sus actividades.

La redacción del nuevo Código Penal no da lugar a dudas las personas jurídicas serán penalmente responsables y además lo serán sus administradores y no sólo por acciones delictivas directas sino también en aquellos casos donde no hayan ejercitado un efectivo y demostrable control.

El corolario parece claro, el nuevo ordenamiento jurídico no sólo establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas en el caso de comisión de un delito , lo cual parece obvio , si no que constituye a sociedades y administradores en guardianes del orden público “instándoles“ a que ayuden al Estado en la prevención de delitos.

En este contexto parece algo anacrónica la redacción del artículo 31 quinquies. “Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no serán aplicables al Estado,  Administraciones Públicas, Organismos Reguladores, Agencias  y Entidades Públicas empresariales, Organizaciones Internacionales ni a aquellas que ejerzan potestades públicas de soberanía o administración”.

Max Gosch
Socio- Partner