La igualdad es uno de los derechos básicos que tiene el ser humano y como tal está reconocido en numerosos textos legales.

En el ámbito europeo, la igualdad de trato entre hombres y mujeres aparece reflejada en el Tratado de Roma, incorporando este la obligación de garantizar la “igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo”. Este mandato de igualdad es consolidado por el Tratado de Ámsterdam, que da un verdadero impulso para la consecución real de una situación de igualdad y configura la no discriminación entre hombres y mujeres como un objetivo transversal a cumplir en todas las acciones de la Unión Europea.

En esta misma línea se pronuncia la Constitución Española, recogiendo en su artículo 14 que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y en su artículo 9.2 el mandato a los poderes públicos de promover todas aquellas acciones destinadas a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Dentro de este marco jurídico surge la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres (LOIEHM). Esta Ley contiene un mandato claro de implementar las medidas necesarias con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género dentro del ámbito laboral (artículo 45.1 LOIEHM). Además, el Estatuto de los Trabajadores impone el deber de no discriminación en las relaciones laborales y de igualdad de retribución.

Es cierto que esta regulación ha contribuido a paliar en gran medida las situaciones de desigualdad dentro de las empresas, obligando a las mismas a implantar Planes de Igualdad o a llegar a unos determinados porcentajes de hombres y mujeres dentro de la organización. Sin embargo, todavía persiste en la actualidad una clara desigualdad de género entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, siendo este problema mucho más claro en el ámbito laboral.

Otro de los grandes problemas es que el número de empresas que cumplen con lo previsto en la LOIEHM es muy reducido, ya que los controles y sanciones que establece la norma son mínimos. Es por ello que se debe seguir trabajando en este ámbito, consiguiendo que las empresas sean conscientes del problema, de su importancia y del desaprovechamiento del talento que la desigualdad supone. Es imprescindible también que se implanten desde los órganos legislativos mecanismos que vigilen y controlen el cumplimiento de la Ley de Igualdad, así como mayores y más severas sanciones. No obstante, se prevé que continúe el crecimiento de las inspecciones laborales en materia de igualdad, lo que podría suponer un importante empuje en este ámbito de cumplimiento.

Rocío Rodríguez

Equipo Corporate & Compliance