Recientemente diferentes órganos del poder judicial han manifestado su percepción de la aplicación de la responsabilidad penal a la persona jurídica y a las personas físicas a ella vinculadas en los casos de comisión de delitos. Desde UHY decidimos organizar un desayuno para dar a conocer las principales conclusiones de éstas publicaciones y las consecuencias para la empresa, que también resumimos a continuación para nuestros lectores del Blog.

En anteriores artículos destacamos algunos de los puntos más relevantes de la Circular 1/2016 de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal. Como punto de partida, conviene recordar que la Fiscalía contempla la posibilidad de transferencia de la responsabilidad penal a la persona jurídica mediante numerosas personas físicas, incluyendo las personas con mayores responsabilidades en la entidad, es decir aquellas con poder de dirección o autoridad para tomar decisiones, o con funciones de organización y control.

… potencialmente alto número de cargos y mandos intermedios que tengan atribuidas tales facultades…” Pág. 16 Circular FGE

Asimismo, es interesante recalcar que dicha institución considera que la responsabilidad de control de la empresa sobre las actuaciones de las personas físicas “supervisadas” se extiende a todos aquellos que se hallen integrados en el perímetro de su “dominio social”, encuadrando incluso autónomos, trabajadores subcontratados y empleados de empresas filiales.  Para este artículo en particular, destacar también la especificación de los requisitos del modelo de gestión y control, cuyo objetivo principal debe ser la creación de una cultura corporativa ética que disuada la conducta criminal. Este modelo debe incluir además políticas de contratación y promoción de directivos por evitar responsabilidades derivadas de la  “culpa invigilando” y la “culpa in eligendo”. Asimismo, la Fiscalía insiste en el valor del descubrimiento de los delitos por la propia empresa y la toma de medidas reactivas en caso de incumplimientos.

El TRIBUNAL SUPREMO, por su parte, ha aprovechado las primeras sentencias en referencia a laresponsabilidad penal de las personas jurídicas y las personas físicas vinculadas para explicar su propia interpretación que, como sabemos, sienta jurisprudencia para posteriores casos. La Sentencia nº 154/2016 es un caso de un Delito contra la Salud Pública en su modalidad de Tráfico de Drogas (Art. 368 del Código Penal)que revisamos en más detalle en nuestra anterior publicación. No obstante, para el propósito de este artículo, conviene recapitular sobre el núcleo de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que según el Tribunal es la falta del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces para la prevención de delitos. En este sentido, la Sentencia revisa además los requisitos mínimos que debe cumplir un modelo de prevención penal, que, en línea con lo citado por la Fiscalía, deben principalmente acreditar una cultura de respeto al Derecho. La empresa debe poder, asimismo, demostrar la implantación real de medidas de control y su adecuación específica a la entidad, aspecto sobre el cual la Fiscal General del Estado ha hecho múltiples declaraciones que manifiestan la invalidez de “modelos estándar”. El Tribunal Supremo, sin embargo, siembra incertidumbre sobre la eficacia de los modelos de prevención en los casos en que han precisamente permitido la comisión de delitos.

…a nuestro juicio la presencia de adecuados mecanismos de control lo que supone es la inexistencia misma de la infracción.” Pág. 56 Sentencia

Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremos coinciden en considerar el requisito de la consecución de “provecho” para la empresa de la comisión del delito en el sentido más amplio, valorando como tal diversos beneficios como ventajas estratégicas, intangibles o reputaciones así como el potencial ahorro de costes.

…cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores, etc., provechosa para el lucro o para la mera subsistencia de la persona jurídica…” Pág. 73 Sentencia

…resultando suficiente que la actuación de la persona física se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad.” Conclusión 3ª Circular FGE

Ambas instituciones también concuerdan en la adaptación de los modelos de prevención penal a la naturaleza y tamaño de la persona jurídica en su diseño y asignación de responsabilidades.

Lógicamente debemos aplicar la ley de la misma forma en la que los jueces la interpretan. Es por ello que la adaptación de nuestros modelos de prevención penal a las percepciones más amplias de los requisitos del Código Penal puede resultar determinante. La pregunta es, ¿nuestros sistemas de control y gestión están adecuadamente adaptados a estas nuevas interpretaciones?

Andrea Duque Pérez
Responsable RSE