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El pasado 25 de septiembre de 2019 ha sido aprobada la “Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”, que deberá ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros en el plazo de dos años.

En un artículo publicado con anterioridad en el blog se hacía referencia a la propuesta de elaboración de esta Directiva, así como al acuerdo alcanzado entre los Estados Miembros para la aprobación de la misma. Para situarnos en contexto, antes de la aprobación de la Directiva existía una regulación fragmentaria de la protección de los denunciantes en la UE, con solo diez países que contaban con una legislación integral en este ámbito. Esto ha propiciado en ocasiones presiones y represalias contra los denunciantes.

Algunos de los aspectos principales a resaltar de este nuevo texto son:

  • El establecimiento de cauces de denuncia en empresas y administraciones. Las empresas que empleen a más de cincuenta trabajadores y los municipios o localidades de más de diez mil habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia seguros, anonimizados y eficaces.
  • Jerarquía de los cauces de denuncia. Se promueve utilizar primero los cauces internos de la organización antes de recurrir a los externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer.
  • Un ámbito de aplicación extenso. La nueva legislación abarcará ámbitos como la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos, la contratación pública, los servicios financieros, etc. Para mayor seguridad jurídica, se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados.
  • Medidas de apoyo y protección para los denunciantes, que se han establecido para proteger de represalias (suspensión, degradación o intimidación) a los denunciantes. También se extiende la protección a las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros o familiares. Así mismo, se ha incluido una lista de las medidas de apoyo a los denunciantes.
  • Obligación de información para los poderes públicos y las empresas. Se ha determinado la obligación de tramitar la denuncia y dar respuesta al denunciante en el plazo de tres meses (con la posibilidad de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

La aparición de este texto supone un avance fundamental en la cohesión de la regulación en el ámbito del cumplimiento normativo en el seno de la Unión Europea, siendo a su vez esencial para el fortalecimiento de la seguridad de los sistemas de cumplimiento implantados en el seno de las organizaciones públicas y privadas de todos los Estados Miembros.

 

Gonzalo Avilés

Corporate & Compliance