Desde la política, la empresa y hasta en la monarquía se está reforzando una definición ampliada de la responsabilidad, donde los mandatarios deben responder por los hechos cometidos por el personal a su cargo y por tanto tienen la obligación de informarse y vigilar dichas actuaciones.

Los nuevos modelos de organización y supervisión que contempla el Código Penal también están orientados a evitar esa falta de control interno que facilita la comisión de delitos. Y es que desde su reforma de 2010, el Código Penal contempla alrededor de 30 delitos que pueden derivar en la responsabilidad de la persona jurídica, y por ende de sus Administradores, tales como el blanqueo de capitales o la corrupción de menores. Es por ello que el artículo 31 bis del texto actualmente en vigor, plantea los citados modelos para la prevención penal de las organizaciones.

 No obstante, este concepto no es nuevo pues el derecho contempla desde tiempo inmemorable la llamada “culpa in vigilando” que alude a una situación en la que es responsable de la comisión de un delito aquel que por no haber ejercido una adecuada supervisión ha permitido su ejecución. Este precepto puede afectar entre otros a la Administración,  los padres, los tutores, los Administradores de la empresa, incluso a los titulares de centros educativos. Un ejemplo reciente es la de Esperanza Aguirre que en su discurso de dimisión como Presidenta del PP en Madrid se refirió a su responsabilidad sobre las recientes acusaciones de corrupción, señalando precisamente su culpa por no vigilar a las personas de la formación a su cargo actualmente inculpados.

En este sentido, cabría interpretar que la responsabilidad penal sobre delitos no contemplados como atribuibles a la persona jurídica, podrían serlo del Administrador por su falta de vigilancia o debida diligencia. Un ejemplo con potencial diversidad de interpretaciones sería la situación en que un empleado conociese pero encubriese un delito, hecho reconocido por el artículo 451, sin atribución expresa a la persona jurídica. ¿Podría ser responsable el Administrador como colaborador del acto por no habilitar un sistema de prevención y vigilancia, no facilitar un canal de denuncia y un procedimiento claro para la protección de denunciantes? Es por ello que debemos adoptar sistemas de prevención penal ad hoc y con un alcance adecuado sobre todos los riesgos de delito específicos de la actividad de la organización, incluyendo los que consideremos improbables pero posibles. Sin ir más lejos, la Fiscal General del Estado, en una presentación reciente, dejaba claro que “no valdrán los modelos de prevención penal estándar”.

Puesto que la responsabilidad penal del Administrador sobre las acciones que se realicen en la ámbito de actuación de la empresa va a estar en manos de la interpretación de un juez o fiscal, los nuevos modelos de control interno y prevención penal deberán alcanzar a todos los empleados, subcontratistas y colaboradores y, sobre todo, estar adaptados concretamente a los riesgos de delito propios de la actividad de la organización. ¡Realmente no servirá el “corta-pega” para prevenirse de la “culpa in vigilando”!

Andrea Duque Pérez
Responsable RSE