Atención a las implicaciones del acuerdo de la UE para desarrollar la protección de aquellos trabajadores que comuniquen una infracción por el canal de denuncias.

El pasado 12 de marzo de 2019 se anunció un pacto entre el Parlamento Europeo y los Estados Miembros para desarrollar una normativa de protección de los denunciantes de infracciones, a raíz de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de fecha 23 de abril de 2018. Con esta nueva normativa se busca brindar una protección eficaz a los trabajadores que informen de actividades ilícitas cometidas dentro de sus organizaciones sea o no por medio del canal de denuncias, y así evitar cualquier tipo de represalia.

El origen de este acuerdo se halla en los escándalos ocurridos en los últimos años, como los papeles de Panamá, el Dieselgate o Cambridge Analytica. Estos casos han puesto de manifiesto cómo las irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas pueden dañar gravemente la reputación empresarial, así como el interés público. En la mayor parte de las ocasiones, estos escándalos han salido a la luz gracias a personas que han arriesgado su puesto y su carrera profesional para denunciar las irregularidades encontradas en el marco de su trabajo. Estos denunciantes que actúan en beneficio de la sociedad son a menudo víctimas de represalias que afectan a su situación económica y laboral, así como a su vida personal. Garantizar su adecuada protección constituye un factor esencial para fomentar el uso del canal de denuncias, prevenir este tipo de irregularidades y defender la legalidad y el interés público en el marco de la Unión Europea.

El ámbito de aplicación de esta nueva normativa abarca la lucha contra el blanqueo de capitales, la protección de datos, los intereses financieros y del medio ambiente, la fiscalidad de las empresas, la seguridad alimentaria y de los productos, y la seguridad nuclear. Además, los Estados Miembros tienen libertad para ampliar estas normas a otros ámbitos en el momento de su trasposición.

Entre las medidas previstas en la nueva normativa, se ha hecho especial hincapié en el establecimiento de un canal de denuncias seguro dentro de las organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas. Se anima a los denunciantes a que, si es posible y no están expuestos a represalias, comuniquen primero a nivel interno, valiéndose del canal habilitado en la organización. Asimismo, pueden informar directamente a las autoridades si lo consideran necesario. Además, si tras la interposición de la denuncia a través del canal de denuncias, no se toman las medidas oportunas, existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o la denuncia no surte efecto, los denunciantes pueden optar por divulgar la información a los medios de comunicación.

A su vez, la nueva normativa protegerá a los denunciantes ante las posibles represalias, como la degradación o el despido, garantizando la seguridad del canal de denuncias establecido en el seno de las organizaciones. Se exigirá a las autoridades competentes que informen a los ciudadanos sobre los medios de denuncia de infracciones y las medidas de protección existentes, también en los procedimientos judiciales.

En conclusión, este acuerdo supone una reforma esencial de la legislación europea en materia de sistemas de cumplimiento normativo. La nueva normativa va a permitir unificar la regulación de la protección de los denunciantes y los procedimientos de denuncia a nivel comunitario. Se espera que la norma refuerce las herramientas para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión, el mayor uso del canal de denuncias y el respeto por la transparencia, la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, que constituyen valores y derechos en los que se basa la UE.

Gonzalo Avilés

Corporate & Compliance Trainee