Todas las empresas deben respetar la igualdad de trato y de oportunidades.

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Hace 11 años, con la publicación de la Ley Orgánica 3 de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya se obligaba a todas las organizaciones a adoptar medidas que eviten cualquier forma de discriminación entre hombres y mujeres.

Concretamente las medidas de igualdad mencionadas en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley concretan obligatoriamente la realización y aplicación de un plan de igualdad en el caso de las empresas con más de 250 trabajadores.

Adicionalmente, son numerosos los Convenios Colectivos de diferentes sectores que han ido incorporando criterios de igualdad de trato y no discriminación en contratación, formación, promoción, entre otros, donde se favorezca al sexo menos representado. En muchos de estos convenios se contempla la obligación de la realización de un plan de igualdad, en los términos concretos que en él se disponen, haciendo en algunos casos énfasis en algún ámbito específico como la prevención del acoso o el acceso al empleo. Sin ir más lejos, el Convenio del sector de la seguridad establece en su artículo 8 la obligación para todas las empresas sujetas al convenio, o el correspondiente al sector de la industria fotográfica o la de construcción, que especifican la obligación para empresas de más de 100 trabajadores.

Asimismo, algunas empresas se han visto obligadas después de un procedimiento sancionador a establecer y aplicar un plan de igualdad. En virtud de una resolución de la Autoridad Laboral que lo ha determinado en sustitución de otras sanciones.

Del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores, aplicable a todas las empresas, menciona en su artículo 17 sobre la No discriminación en las relaciones laborales, la necesidad de respetar estos principios en todos los acuerdos de negociación colectiva, pactos individuales o decisiones unilaterales del empresario. También reconoce la importancia de la igualdad en las condiciones de retribución en su artículo 28.

Para el resto de las empresas la elaboración e implantación de un plan puede resultar voluntario. Sin embargo, no tenerlo puede suponer la pérdida de cuantiosas oportunidades. A raíz de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público la entidad pública contratante debe fijar condiciones particulares en materia medioambiental, social o ética para la realización de los trabajos contratados. Esta nueva obligación ha dado lugar a que se establezca como criterio obligatorio en muchas licitaciones que la empresa cuente con un plan de igualdad.

Como vemos cada vez hay menos margen en el ámbito del plan de igualdad voluntario ya que está pasando a ser una obligación para la gran mayoría de empresas, ya sea por imperativo legal o por coste de oportunidad.

Andrea Duque

Responsable Consultoría RSC