La regulación de la responsabilidad de los administradores es proceso ya vigente desde hace décadas y la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 supuso un hito en el ejercicio de las reclamaciones contra los administradores. Desde entonces los cambios son frecuentes y en línea con una evolución del derecho mercantil influido por un cambio cultural, consecuencia de la internacionalización de la economía y la globalización. Como ya veníamos explicando en nuestro artículo anterior sobre “El nuevo concepto de Responsabilidad Penal de los administradores y de las personas jurídicas”, tanto la mencionada reforma del Código Penal como la reforma del TR de la Ley de Sociedades de Capital, con su nueva redacción efectiva desde 24.12.2014 continúan en esta imparable línea.

Recordemos brevemente cuatro aspectos fundamentales a considerar:

– conocer el origen y alcance legal de la responsabilidad de los administradores : Son muchos los textos legales, pero con fundamentos comunes: el administrador, de hecho o de derecho, responde personalmente (con su propio patrimonio presente y futuro), y solidariamente con otros; tanto por acciones como por omisiones contrarias a la ley, los estatutos o de los deberes inherentes a su cargo; por actuaciones incluso no dolosas o negligentes; no precisa que medie mala fe; la exoneración de esta responsabilidad no es susceptible de limitación o renuncia por terceros, al ser derecho necesario.

– saber que están legitimados para reclamar y reclaman socios o accionistas, empleados, acreedores, competidores, la administración, incluso la propia sociedad, u otros administradores.

– implementar las necesarias medidas de prevención – dirección, control, supervisión – supone no solo minimizar los riesgos, sino también paliar la presunción legal de culpabilidad (inversión de la carga de la prueba) e incluso llegar a conseguir exención de responsabilidad de los administradores.

la adopción de medidas de protección; entre las que destaca la contratación de pólizas de seguros por Responsabilidad Civil de Directores y Administradores (D&O en terminología aseguradora). Sobre este extremo profundizaremos en próximos documentos pero anticipamos que conviven en el mercado pólizas muy completas junto con otras muy limitadas, y las caras con las baratas, siendo posible conseguir pólizas técnicamente muy buenas y a la vez muy económicas.

Estamos en uno de esos momentos donde es más que conveniente un repaso generalizado a esta materia, y por tanto revisar en detalle no solo sus aspectos penales, sino también desde el prisma de la legislación civil, mercantil, fiscal, y de buen gobierno corporativo. Analizar en profundidad la materia, identificar riesgos y consecuencias, tomar decisiones y ejecutar cambios es ahora un ejercicio muy recomendable.

Al igual que en otras áreas de la dinámica empresarial, una auditoría de seguros y una revisión de la política de gestión de riesgos también es conveniente como proceso idóneo para minimizar costes, maximizar protección y conseguir para cada entidad y modelo de gestión el mix óptimo entre traslación y retención del riesgo.

Sergio Aguirre
Consultor de Seguros