Nuestra legislación prevé sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones sobre planes de igualdad.

Es importante conocer estas sanciones para darnos cuenta de la importancia del establecimiento e implantación de un plan de igualdad adecuado en nuestra empresa.

La Ley 3/2007 de Igualdad remite a otra norma, en este caso, la Ley 8/1988 de infracciones y sanciones en el orden social que es la que concreta y fija las distintas sanciones por no tener implantados planes de igualdad, en las empresas obligadas a ello. Las sanciones planteadas por esta ley en no solo se refieren a no tener implantado un plan de igualdad, sino que también se refieren a su no aplicación. Es importante observar que el legislador insiste en que los planes de igualdad sean efectivos y que verdaderamente se encuentren incardinados en la dinámica de nuestra empresa.

En primer lugar, el texto refundido de la Ley 8/1988 califica como sanción grave el no cumplir en los planes de igualdad las obligaciones previstas por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de aplicación. Las cuantías de las multas previstas por la norma para este tipo de infracción de carácter grave van desde los 626 euros hasta los 6.250 euros.

En segundo lugar, este texto prevé que no tener o incumplir los planes de igualdad para las entidades obligadas supone una sanción de carácter muy grave. En lo relativo a las multas previstas para este tipo de sanciones parten desde los 6.251 euros hasta los 187.515 euros.

Además de estas sanciones de carácter administrativo, la falta de aplicación de políticas de igualdad en las empresas puede incidir de forma directa en la existencia en el ámbito de las mismas de conductas de acoso o discriminación. Estas conductas tienen una clara respuesta en el ámbito penal, con los delitos de acoso y acoso sexual. Dentro del modelo de prevención de riesgos penales de la Sociedad, puede considerarse el plan de igualdad dentro de las medidas de prevención de este tipo de delitos.

Así mismo resulta importante señalar que tras la entrada en vigor, el pasado mes de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se prohíbe la contratación de empresas que no hubiesen cumplido con su obligación de contar con un plan de igualdad.

Con todas estas sanciones anteriormente expuestas queda acreditado que la creación e implantación de planes de igualdad en nuestras empresas, supone no sólo cumplir con la normativa en vigor, evitando sanciones, sino avanzar en la tendencia general del legislador y de la sociedad.

 

Manuel Azpeitia

Corporate & Compliance