Los sujetos obligados de pequeña dimensión han visto una vía de escape a la oleada de regulación normativa acontecida en España durante estos últimos años fruto de la flexibilización del alcance de sus obligaciones por la aprobación del Nuevo Reglamento de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), donde establece en su art. 31 unos umbrales eximentes del cumplimiento de determinadas obligaciones de control interno para los sujetos obligados que ocupen a menos de 10 trabajadores y cuyo volumen anual o balance general anual no supere los 2 millones de €.

Este nuevo contexto, ha dado argumentos suficientes a estos sujetos para interpretar que no tienen obligación de cumplir en lo que respecta a PBCFT.

Es importante aclarar que esta interpretación resulta totalmente errónea y muy peligrosa ya que en base a este argumento estas sociedades minoran sus controles quedando vulnerables ante los blanqueadores que ven facilidades para llevar a cabo actos delictivos a través de estas pequeñas empresas. Asimismo no hay que olvidar que esta “relajación” podría también suponer cierta indefensión ante una posible inspección de las autoridades (SEPBLAC, Administración de Justicia, etc) ya que deberán muy bien evidenciar los motivos por los cuales se han acogido al régimen de umbrales puesto que su justificación no resulta tan sencilla como parece.

Todo ello se complica aún más cuando se produce la  aprobación de la Reforma del Código Penal donde se contemplan importantes cambios en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las cuales con independencia de su tamaño, deben implantar modelos de prevención y detección de delitos para eximir o atenuar su posible imputación por los delitos cometidos por sus representantes, administradores, así como sus empleados.

Por lo que, ante la aprobación del Código Penal, donde se debe recordar que el blanqueo de capitales queda tipificado como delito, los argumentos para la elusión de obligaciones deberán ser reconsiderados para evitar caer en incumplimientos normativos que podrían traer consigo responsabilidades de índole penal.

Por lo que en definitiva, ante esta problemática de conciliación normativa se recomienda, como medio de prevención, que todas las sociedades implanten modelos de cumplimiento, adaptados a su dimensión, que incluyan al menos los cinco puntos y requisitos recogidos el art. 31 bis del mencionado Código Penal y se completen con lo definido en el Reglamento de la Ley 10/2010 de PBCFT.

Raquel Hernáez Ruiz
Directora