Una de las cuestiones destacadas es la importancia de las sanciones administrativas que pueden imponerse a sujetos obligados

 

Uno de las cuestiones más interesantes en materia de prevención del blanqueo de capitales, y que menos atención recibe, son las inspecciones del Servicio Ejecutivo y las sanciones administrativas que pueden imponerse a los sujetos obligados en los casos de incumplimiento de la Ley.

El artículo 47 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo encomienda al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.

Para llevar a cabo la actividad inspectora, el Sepblac realiza un plan de actuación anual. Este plan de actuación tiene como base un enfoque basado en el riesgo. Por lo tanto, el plan de actuación constituye la base para la mayor parte de las inspecciones a realizar en el año.

En la última memoria de actividades del Sepblac publicada en el año 2017, el Sepblac recoge la distribución de las inspecciones por sectores. Para comprender la tendencia del Servicio Ejecutivo en materia de inspección en los próximos años, es clave realizar una comparativa del crecimiento por sectores entre las dos últimas memorias de actividades publicadas, la de 2016 y la de 2017.

La comparativa sectorial arroja interesantes datos como los sectores con mayor crecimiento del número de inspecciones. En este caso, el sector del arte y antigüedades (que incluye galerías de arte, tiendas de antigüedades y casas de subastas entre otros) registra un crecimiento del 400%. El siguiente grupo con mayor crecimiento es el de los notarios y registradores, con un 200%. En tercer lugar, se encuentran las agencias inmobiliarias, que en 2017 fueron inspeccionadas en un 150% más que en 2016. Por último, el gremio de los joyeros experimenta un crecimiento del 100%. Se trata en los cuatro casos de sectores que tradicionalmente no habían sido inspeccionados y han comenzado a ser objeto de las inspecciones del Servicio Ejecutivo.

Pasando al capítulo de sanciones, el pasado septiembre de 2018 el Real Decreto 11/2018 por el que se traspuso la IV Directiva, introdujo un endurecimiento en las sanciones previstas por la norma en su redacción original. En el caso de las sanciones por infracciones muy graves, se prevé una sanción mínima de 150.000 €, estableciéndose un importe máximo que podrá llegar incluso a los 10 millones de euros. Un ejemplo de infracción muy grave es el no comunicar una operación cuando existen indicios, o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales. Para las infracciones se prevén sanciones que llegan hasta los 5 millones de euros, partiendo de un mínimo de 60.000 €. No aplicar medidas de diligencia debida sobre clientes, o no realizar el seguimiento continuo sobre los mismos suponen infracciones graves. Para las sanciones por incumplimientos leves se prevén multas hasta 60.000 €.

Para finalizar es interesante señalar que el sistema de prevención del blanqueo de capitales, además de cumplir con la normativa en vigor, se adapte perfectamente a la dinámica del sujeto obligado. De esta forma se evitan costes innecesarios, posibles sanciones y se permite que el sistema de PBCFT refuerce el control de riesgos, el control interno y el conocimiento de la entidad.

 

Manuel Azpeitia

Corporate & Compliance