La reforma del Código Penal ha situado el Compliance entre las prioridades en las empresas, que se han visto obligadas a desarrollar programas para la formación en cumplimiento normativo

La formación de empleados, administradores y directivos en materia de cumplimiento normativo constituye un aspecto fundamental para el correcto desarrollo de la actividad empresarial. La reforma del Código Penal que incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento ha situado el Compliance entre las prioridades de las sociedades españolas, que se han visto obligadas a elaborar programas de cumplimiento normativo e incluso a crear departamentos y equipos de Compliance en el seno de sus organizaciones.

Los programas de Compliance contemplan diversas áreas, entre las que destacan la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la prevención de riesgos penales o la protección de datos, entre otras. Los responsables de los equipos de Compliance deben asegurar el cumplimiento de esos programas dentro de sus organizaciones, con el fin de evitar o minimizar el riesgo de sanciones por infracciones cometidas tanto por los trabajadores como por los administradores y los cargos directivos de las mismas.

Esta reforma de la legislación penal ha llevado a las sociedades españolas a adoptar medidas para garantizar la adecuada formación del personal en materia de cumplimiento normativo. Las empresas deben actuar de forma proactiva aplicando una buena política de comunicación interna, externa y formación para inculcar los valores y principios éticos.

Por ello, las organizaciones se ven obligadas a implementar cursos de formación para sus trabajadores, sus administradores y sus directivos; así como a elaborar Códigos Éticos y Manuales de procedimientos, como el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Asimismo, en materia de prevención del blanqueo de capitales, en atención a la Ley 10/2010, de 28 de abril, las organizaciones obligadas (sujetos obligados) deben contar con planes formativos obligatorios para los empleados, los administradores y los directivos. La Ley establece específicamente que el Órgano de Control Interno (OCI) debe aprobar un plan anual de formación y que debe quedar acreditada la participación de los empleados en cursos de formación.

Normalmente, la figura del responsable de cumplimiento normativo es la que se encarga de la labor de impartir los ciclos formativos y promover las campañas de concienciación dentro la organización.

La formación de la plantilla en Compliance, y especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, puede y debe adecuarse a las necesidades y circunstancias de la empresa, con el fin de conseguir una mayor eficiencia en su desarrollo y asegurar su eficacia en los resultados de su implementación. En este sentido, es importante resaltar que esta actividad formativa debe diseñarse de acuerdo con el grado de responsabilidad de los formados.

Con respecto a las sanciones en materia de formación, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, contempla el incumplimiento de la obligación de formación de empleados, administradores y directivos como una infracción grave. En consecuencia, para este tipo de infracciones la norma prevé sanciones de multa que pueden alcanzar los cinco millones de euros, entre otras.

En conclusión, la formación de la totalidad de los empleados, directivos y administradores en materia de cumplimiento normativo constituye una herramienta esencial para prevenir y erradicar todo tipo de riesgos penales en el seno de las organizaciones, evitando consecuencias jurídicas de gravedad.

 

Gonzalo Avilés

Corporate & Compliance Trainee