La incorporación a la legislación española de la V Directiva supone una oportunidad para mejorar radicalmente los sistemas de prevención del blanqueo de capitales

 

Dentro de las tareas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno, se encuentra la transposición de la conocida como V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El plazo para incorporar la directiva a la legislación española es el 10 de enero de 2020.

En el caso de España, la transposición de la V Directiva de prevención del blanqueo de capitales se refiere solo a algunos aspectos de la misma, puesto que el resto ya se encontraban incorporados en nuestra legislación. Estos aspectos principales se relacionan con la información disponible para los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales.

Una de los aspectos más relevantes de la transposición es el del cumplimiento de las obligaciones de medidas de diligencia debida de forma conjunta. La transposición de la V Directiva debería establecer las bases para el establecimiento de estos sistemas conjuntos, independientemente de si los sujetos obligados forman grupo o no.

Otro de los aspectos capitales consiste en la creación de las bases de datos de titulares reales. Este registro que ha de permitir a los sujetos obligados consulten la existencia de titulares reales de sus potenciales clientes supone un gran avance. Su importancia reside en que facilita a los sujetos obligados el aplicar las medidas de diligencia debida de una forma más ágil.

La transposición de la V Directiva podría contemplar la inclusión de nuevas categorías de sujetos obligados. Estas nuevas categorías se refieren a servicios de reciente aparición como los servicios de cambios de moneda virtual a fiduciaria o los proveedores de servicios de custodia de contraseñas y claves privados. Desde un punto de vista de oportunidad, sería deseable la inclusión de sujetos obligados como las empresas dedicadas al arrendamiento de inmuebles, que actualmente no son sujetos obligados, a pesar de presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales.

Por último, resulta muy interesante la revisión que se plantea en materia de protección de datos relativos a prevención del blanqueo de capitales. La transposición contendrá previsiones específicas para los datos personales que tengan como origen el cumplimiento de las medidas de diligencia debida, o las obligaciones de examen especial y comunicación. De esta forma el legislador asentará la experiencia en la materia, desde la aprobación del RGPD.

La transposición de la V Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una gran oportunidad. Resulta clave que España continúe con la senda que fomenta el cumplimiento normativo como una oportunidad de mejora de la dinámica empresarial. De esta forma se continúa poniendo el acento en la iniciativa de los sujetos obligados para permitir una mayor personalización de los sistemas de PBCFT.

 

Manuel Azpeitia

Corporate & Compliance