Tal como venimos informando en anteriores post, el pasado 17 de junio entró en vigor la nueva, y polémica para el sector, Ley de Auditoría.

Anteriormente ya informamos sobre cómo afecta este cambio normativo a la responsabilidad de los administradores, y sobre todo que medidas de “buen gobierno” debían establecer, como es la creación de la llamada “Comisión de Auditoría” en determinadas entidades. En este post vamos a intentar realizar un análisis general desde el punto de vista de las responsabilidades del propio auditor.

No son pocos los puntos de polémica que ha acompañado esta Ley en toda su tramitación. Como hecho significativo hay que destacar que si bien a través de las Corporaciones de auditores, y los grupos parlamentarios, se presentaron más de 300 enmiendas, todas ellas fueron rechazadas.

Los auditores han sentido esta nueva Ley como un “dedo acusador” por los últimos escándalos financieros. Si bien teniendo en cuenta que en España se firman casi 60 mil informes de auditoría al año, podría entenderse como una medida desmesurada.

A pesar de tener su origen en una transposición de una Directiva europea, por lo que supondrá cambios a nivel internacional en la profesión, la celeridad en su aprobación, y la aplicación que España ha hecho de esta norma, hace que los auditores españoles puedan estar en una posición de inferioridad competitiva respecto a sus homólogos europeos.

En todo caso la Ley tiene como objetivo dotar de una mayor independencia, transparencia y supervisión a la figura del auditor. La norma principalmente viene a ampliar y establecer nuevos requerimientos para los auditores, especialmente en aquellas sociedades denominadas de “interés público” (EIP).

Dado que en las llamadas EIP requieren del auditor un mayor control y supervisión, el legislador inicialmente optó por una concepción amplia de estas, lo que hubiera supuesto la anecdótica situación de que el 40% de todas las EIPs de Europa se concentrarían en España. A pesar de no contar con esta misma proporción respecto a las empresas que se auditan en Europa.

En todo caso finalmente el concepto de este tipo de entidades no ha sido tan amplio y se ha corregido (ver condiciones de las EIPs en nuestro post “Nueva Ley de Auditoría: Responsabilidades de los administradores y de la Comisión de Auditoría”). Lo que ha supuesto una reducción considerable en el número de EIPs que se auditan en España, que son las más afectadas por la nueva Ley de Auditoría.

La nueva Ley en términos generales dota de mayor peso al auditor, y este deberá informar de manera más detallada de los riesgos y aspectos relevantes de la entidad. Mayores responsabilidades llevan aparejados mayores tiempos para la ejecución de los trabajos, y serán los auditores los que deberán en gran parte asumir (o gestionar) dichas desviaciones, en un mercado con honorarios en tendencia negativa.

Como es obvio, estos mayores requerimientos, que en muchos casos se pueden llegar a convertir en burocracia que no mejora el objetivo de la auditoría, suponen un mayor nivel de responsabilidad para los auditores, los cuales se enfrentan a un nuevo régimen sancionador.

Pero no solo la Ley impone nuevos requerimientos a los auditores, sino que las propias Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en sus revisiones, van ampliando requisitos específicos y nuevos requerimientos. Prueba de ello es la evolución del contenido de los informes de auditoría si comparamos su tendencia en los últimos años.

En todo caso, y como sucede en estas situaciones, habrá que esperar al Reglamento para definir de forma completa el nuevo marco regulatorio de la profesión. Dado que a día de hoy, y en palabras del propio Consejo de Estado, la Ley de Auditoría es un “texto farragoso que puede dar lugar a problemas de interpretación y/o aplicación”. Como sucede en asuntos tan relevantes como la independencia del auditor.

A pesar de todo ello, los auditores sin duda seguirán siendo un factor clave para dotar de transparencia, confianza y objetividad a la información financiera de las empresas, mediante el cumplimiento de todos los requerimientos que regula su profesión. El crecimiento económico y la estabilidad, solo puede conseguirse a través de confianza en la información.

Sergio González
Director