materia medioambiental, social y laboral

La nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público incluye distintas obligaciones y condiciones especiales durante la ejecución del contrato en materia medioambiental, social y laboral.

Por un lado,  en su artículo 201 se recoge la obligación del cumplimiento de la normativa europea o nacional, las disposiciones de derecho internacionales que vinculen al Estado en estas materias y el convenio colectivo aplicable durante la ejecución de los contratos y la licitación (esta última si procede). Por otro lado, en el siguiente artículo de la ley se prevé que el órgano de contratación establecerá obligatoriamente en los pliegos una condición especial de ejecución en materia medioambiental, social y laboral. Sin perjuicio de que puedan determinar más medidas especiales de ejecución siempre que estén vinculadas al objeto del contrato. Estas condiciones pueden ser la promoción del uso de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la contratación de personas con discapacidad en una cuota superior a la exigida por la legislación nacional, el fomento de la formación en el lugar de trabajo, la garantía de los derechos laborales básicos en la cadena de producción, entre otros.

Para garantizar estas medidas, los órganos de contratación comprobarán su cumplimiento, por parte de los adjudicatarios y sus subcontratistas, posiblemente mediante requerimientos de información del desempeño social o medioambiental.

¿Cómo se puede evidenciar su cumplimiento?

Para ello los informes de sostenibilidad conforme a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los indicadores de GRI (GRI Sustainability Reporting Standards), o IR (Integrated Reporting), entre otros marcos reconocidos, pueden ayudar como mecanismo de transparencia para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.

¿Qué consecuencias tiene su incumplimiento?

La violación de dichas obligaciones de los artículos mencionados puede conllevar la imposición de penalidades conforme el artículo 192. Las penalidades se podrán prever en los pliegos o en  el documento descriptivo y sus cuantías no podrán superar el 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas excederá del 50 %del precio del contrato.

En el caso de las condiciones especiales de ejecución si se les atribuye carácter de obligación contractual esencial podrá dar lugar su violación a la resolución del contrato. En caso contrario, de no ser obligación esencial, podrá, no obstante, establecerse en los pliegos que su inobservancia de lugar a infracción grave.

A través de estas reformas que ha introducido el legislador se puede observar un aumento de la importancia de estos criterios en materia medioambiental, social y laboral en la realización de los contratos. En este sentido, la implantación de planes de Responsabilidad Social Corporativa y la elaboración de memorias de sostenibilidad pueden favorecer la recopilación de dicha información y, en último sentido, ayudarle a justificar su consecución.

Alba Fuentes

Consultora de RSC y Calidad