Entrevistamos a María Bellón, auditora senior de UHY Fay & Co Madrid

1. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa de auditoría pública? ¿existe alguna variante en su aplicación?

En el marco del Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la auditoría pública sería de aplicación a todas aquellas entidades dependientes de la propia entidad local, es decir: Organismos autónomos, Consorcios, Entidades públicas Empresariales, Sociedades mercantiles y Fundaciones.

La auditoría publica está compuesta por:

– Auditoría de Cuentas
– Auditoría de Cumplimiento
– Auditoría Operativa

En el caso de los Organismos autónomos y de los consorcios, si estos están sometidos a control permanente, la auditoría pública únicamente consistiría en la auditoría de cuentas.
Además, la misma norma recoge el régimen de control simplificado al que pueden optar aquellas Entidades Locales que estén incluidas en el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local.

2. ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades que marca la normativa?

Una de las grandes novedades introducidas por el Real Decreto 424/2017 es que desde su entrada en vigor el Órgano Interventor, ya no sólo es responsable del control interno de la Entidad Local en cuestión, sino que debe disponer de un modelo de control eficaz, que asegure el control efectivo de, al menos, el 80% del presupuesto general consolidado del ejercicio; teniendo que alcanzar el 100% en el transcurso de 3 años.

3. ¿La normativa marca algún procedimiento específico para desarrollar el modelo de control?

La aplicación del modelo de control que hemos comentado se podrá realizar con medios propios o externos, y mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero. Por otro lado, el control financiero se puede aplicar mediante el control permanente y/o auditoría pública.

4. ¿Cuáles son los plazos para realizar la auditoría pública?

La función interventora y el control permanente se deben llevar a cabo durante el ejercicio, y la auditoría pública se realizará una vez finalizado el mismo. Es decir, para el ejercicio 2019, tanto la función interventora como el control permanente se deben llevar a cabo durante el propio ejercicio 2019, la auditoría pública del ejercicio 2019 se llevará a cabo en el año 2020.

5. ¿Cuáles son las ventajas de la externalización?

El propio Real Decreto 424/2017 permite explícitamente la colaboración de auditores privados en la aplicación de la Auditoría Pública en su artículo 34. Pero como ya hemos visto, la norma menciona que el modelo de control se llevará a cabo mediante “medios propios o externos”. Por consiguiente deja la “puerta abierta” para la colaboración en la aplicación del control financiero. Este a su vez también contempla, entre otras actuaciones, la aplicación de técnicas de auditoría.

La principal ventaja de la colaboración de los auditores privados con el órgano de intervención de las Entidades Locales, es que estos últimos se pueden beneficiar de nuestra dilatada experiencia en la aplicación de técnicas de auditoría, tratamiento de grandes bases de datos, comprobaciones materiales de inversiones, análisis de riesgos y de sistemas y procedimientos de gestión.

María Bellón

Jefe de equipo de auditoría