No es de extrañar que con la oleada normativa que España viene sufriendo desde hace unos años, las sociedades no den abasto en términos de cumplimiento legislativo que por su actividad o sector le es de aplicación.

En este sentido, y ante la carencia de recursos suficientes para cubrir el área de compliance, sobretodo en las empresas de pequeña dimensión, muchos controles se eluden y muchos riesgos se pasan por alto con el fin de cerrar operaciones comerciales lo antes posible.

Algunos de estos riesgos se encuentran en la falta de aplicabilidad de las medidas reforzadas de diligencia debida que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales establece, a los sujetos obligados recogidos en su artículo 2., cuando se trata de cerrar negocios con clientes residentes o con cierta vinculación con paraísos fiscales o jurisdicciones de riesgo, entre otros.

Estas medidas reforzadas que la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales determina, consisten fundamentalmente en la obtención o solicitud de documentación e información adicional en la fase de identificación de cliente como filtro inicial al cierre de la operación comercial. Alternativamente, los sujetos obligados también pueden solicitar una autorización previa al Órgano de Dirección competente para que apruebe la aceptación de este tipo de clientes.

Este simple paso inicial podría evitar la entrada de clientes de “dudosa operativa” que podrían perjudicar a la imagen y reputación de cualquier sociedad si se desprende que ésta mantiene relaciones de negocio con clientes de esta categoría.

Por este motivo, es requisito indispensable la realización de un previo análisis de riesgo que defina el proceder en caso de encontrarse con clientes englobados dentro de esta tipología y sean establecidos  sobre los mismos los controles adecuados.

El Reglamento de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales define el concepto de países, territorios y jurisdicciones de riesgo en su artículo 22 del siguiente modo:

“a) Países, territorios o jurisdicciones que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

b) Países, territorios o jurisdicciones sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas aprobadas por la Unión Europea, las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales.

c) Países, territorios o jurisdicciones que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales.

d) Países, territorios o jurisdicciones en los que se facilite financiación u apoyo a actividades terroristas.

e) Países, territorios o jurisdicciones que presenten un sector financiero extraterritorial significativo (centros «off-shore»).

f) Países, territorios o jurisdicciones que tengan la consideración de paraísos fiscales”

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22. del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales precedente, así como en el resto de supuestos contemplados en la sección 3ª de este mismo Reglamento, parece quedar claro sobre quién deben establecerse precauciones especiales a la hora de entablar posibles relaciones comerciales y evitar riesgos innecesarios que podrían jugar una mala pasada a la sostenibilidad del negocio.

Raquel Hernáez Ruiz
Directora