Con fecha 23 de diciembre de 2019 la Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre un tema bastante polémico que ya veíamos desde el año pasado que estaba siendo inspeccionado con lupa por parte de la Administración Tributaria española

Se trata del conocido régimen de Residente No Habitual que establece la administración tributaria portuguesa, un régimen especial que establece importantes ventajas fiscales para los contribuyentes jubilados.

A raíz de este régimen especial muchos pensionistas españoles han optado por trasladar su residencia fiscal a Portugal, dado que tanto la cercanía cultural existente entre los dos países, como las importantes ventajas fiscales ofrecidas por el gobierno portugués lo han convertido en un destino bastante atractivo.

Pues bien, el pasado 23 de diciembre a través de la consulta vinculante V3533-19, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado sobre las posibles implicaciones fiscales que podría tener este régimen especial en territorio español, dejando sin sentido lo que hasta ahora ha sido una práctica habitual de planificación fiscal.

Lo que nuestra Administración viene a decir es básicamente que los residentes no habituales en Portugal no podrán beneficiarse de las disposiciones del Convenio, quedando sujetas a tributación en España las pensiones abonadas por instituciones o entidades privadas establecidas en territorio español con base en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes).

Más concretamente, entre los argumentos expuestos por la Dirección General de Tributos nos encontramos con los siguientes:

Según afirma la administración conforme el art. 4 del Convenio suscrito entre el Reino de España y la República Portuguesa para evitar la doble imposición el concepto de residencia se define de la siguiente forma:

“(…) A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por las rentas que obtengan procedentes de fuentes situadas en él. (…) ”

Asimismo, los comentarios al artículo 4 del Modelo de Convenio de la OCDE (MCOCDE), establecen lo siguiente:

“8.1 Sin embargo, conforme a con las disposiciones de la segunda frase del apartado 1, no se considerará a una persona “residente de un Estado contratante” en el sentido del Convenio si, aun cuando no esté domiciliada en ese Estado, se considera residente con arreglo a la legislación interna, pero se somete a una imposición limitada sobre las rentas obtenidas en dicho Estado o el patrimonio situado en el mismo. (…)”

A su vez debemos recordar que el articulo 18 del Convenio como regla general prevé la tributación exclusiva de las pensiones en el país de residencia del contribuyente.

No obstante, la Dirección General de Tributos excluye la aplicación de dicho artículo en el caso de los residentes no habituales en Portugal, dado que, aunque el contribuyente podrá ser considerado residente fiscal en Portugal, no lo sería a efectos de Convenio con base en los preceptos anteriormente citados.

Siendo este el caso de los residentes no habituales en Portugal debido a la imposición parcial que prevé dicho régimen, no resultaría aplicable el Convenio, debiendo acudir por tanto a nuestra normativa interna con el fin de determinar la fiscalidad de estas rentas.

En este sentido, la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en su artículo 12 dispone que “constituye el hecho imponible, la obtención de rentas dineraria o en especie, en territorio español por los contribuyentes de este impuesto” aclarando en el artículo 13.1.d que se considerará renta de fuente española “Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio español o por un establecimiento permanente situado en éste” .

En conclusión, con base en los argumentos expuestos por la Dirección General de Tributos se entiende que un residente no habitual en Portugal no podrá beneficiarse de las disposiciones contenidas en el Convenio, por lo que las pensiones pagadas por instituciones o entidades privadas sitas en territorio español, quedarán sujetas a tributación igualmente en España produciéndose por tanto una doble imposición internacional, dado que las pensiones acabarán siendo gravadas en ambos países.

En cambio, un residente habitual en Portugal podría beneficiarse de lo previsto en el articulo 18 del Convenio que prevé la tributación exclusiva de las pensiones en el país de residencia del contribuyente, o sea en Portugal.

Simona Alen – Responsable Departamento Fiscal

Departamento Fiscal, UHY Fay & Co Madrid