Un análisis del itinerario seguido desde la promulgación de la norma desde la perspectiva constitucional del Real Decreto-Ley 6/2019.

 

Este miércoles 10 de abril, se publicó en el BOE la convalidación de la resolución de aprobación del pasado día 3 de abril de 2019 del Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Es por ello, que nos ha parecido interesante realizar un breve análisis de lo que aquí nos atañe ¿Qué procedimiento constitucional ha seguido la realización y posterior convalidación de este Real Decreto-Ley?.

El pasado 8 de marzo, día en el que millones de mujeres salieron a la calle a luchar por sus derechos, se publicó en el BOE este Real Decreto-Ley, resultando vigente en su mayoría desde tal día, con la salvedad de lo establecido en su disposición transitoria final, donde ciertas materias quedaron reservadas para entrar en vigor el pasado 1 de abril como ocurrió con la tan ansiada ampliación del permiso de paternidad. Si quieres conocer más detalles sobre el contenido de esta norma, puedes consultar nuestro artículo al respecto.

La aprobación de cualquier Real Decreto-Ley se fundamenta en el artículo 86 de la Constitución Española que establece como presupuesto habilitante “la extraordinaria y urgente necesidad” para dictarlo por el Gobierno. Además, mantiene una serie de materias excluidas de su regulación, donde se encuentran “los deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”. Tales características se refieren a la potestad legislativa de las Cortes, y por ende, al principio de separación de poderes.

Este último requisito se ha visto muy cuestionado en atención al presente Real Decreto-Ley, pues ha venido a modificar entre otras, la LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya base principal es el Derecho Fundamental a la igualdad del artículo 14 de la Constitución Española dentro del Título I de la misma, es decir, materia excluida de regulación por un Real Decreto-Ley. Sin embargo, el Gobierno ha fundamentado la legalidad y oportunidad del mismo,  atendiendo a que las modificaciones que se establecen en él “no afectan a la parte orgánica de la norma, por lo que no puede ser considerado inconstitucional”. Este argumento ha sido objeto de debate por todos los partidos políticos.

Posteriormente a la realización del Real Decreto-Ley este debe de ser sometido a debate y votación en atención a decidir sobre la convalidación o derogación del mismo ante el órgano que lo ha realizado, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación (el presente Real Decreto-Ley fue el 07 de marzo del 2019), atendiendo a su carácter de norma provisional.

Tal acuerdo de convalidación se produjo el pasado 3 de abril, en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno se espera que este Real Decreto-Ley siente las bases de una posible futura reforma de nuestra Carta Magna en atención a que comprenda un principio rotundo de igualdad entre hombres y mujeres como ya ocurre en otras Constituciones de países europeos.

Tras el citado procedimiento de convalidación, en atención a los resultados obtenidos, cabe la aparición de diferentes opciones tal y como se expresa en el artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre el control de las disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley:

En primer lugar, y lo ocurrido en el presente caso, es la convalidación del Real Decreto-Ley, por lo que pasa de ser una norma provisional a integrarse plenamente en el ordenamiento jurídico. Importante destacar que la convalidación de tal disposición no altera su naturaleza de Real Decreto-Ley.  Sometido a votación la convalidación del presente Real Decreto-Ley se ha aprobado por 40 votos a favor y 25 en contra.

En segundo lugar, la derogación del Decreto-Ley, que daría lugar al vencimiento de la condición resolutoria a que está sujeto el Real Decreto-Ley desde su aprobación. Si esto hubiera ocurrido de tal forma en el presente Real Decreto-Ley, se produce la inmediata cesación de los efectos del mismo y su desaparición del ordenamiento jurídico. Pero no  de los efectos que haya producido durante su tiempo de vigencia. Resulta interesante conocer que solo constan dos precedentes en tal sentido en nuestra historia constitucional.

En tercer lugar, y último, la tramitación como proyecto de ley. En el presente caso, se ha sometido a votación tal circunstancia pero ha sido rechazada por 12 votos a favor y 53 en contra.

Atendiendo a que nos encontramos en período entre legislaturas y las Cámaras han sido disueltas, las funciones de las mismas han sido delegadas en la Diputación Permanente, quién ha sido la encargada de convalidar el Real Decreto-Ley 6/2019 dentro del plazo previsto legalmente. La Diputación Permanente tiene como fin primordial “velar por los poderes de la Cámara”, es decir, no ejerce de forma independiente. Es por ello, que tras la celebración  de elecciones generales, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno del Congreso, una vez constituido éste, de los asuntos que hubiere tratado y de las decisiones adoptadas, así viene regulado en el artículo 59 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Finalmente, no queda más que volver a señalar la importancia de este Real Decreto-Ley por tratarse de una norma cuyas circunstancias se presuponen sumamente excepcionales y cuyo encaje constitucional es materia de un debate interesante y enriquecedor. Esperamos que os haya resultado interesante el análisis de la realización y posterior convalidación del  Real Decreto-Ley.

 

María González

Manuel Azpeitia

 

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