El próximo 1 de julio cumplirá el plazo para que todas las sociedades, con independencia de su tamaño, implanten los modelos de prevención penal cuyos requisitos se recogen en la nueva Reforma del Código Penal. La implementación de estos modelos podría suponer un atenuante o eximente de posibles responsabilidades penales para las sociedades y sus administradores.

La Ley penal recoge diferentes supuestos de circunstancias atenuantes en el contexto de la responsabilidad penal de empresas y administradores:

  • Confesión de la infracción penal antes del inicio de un procedimiento judicial.
  • Colaboración en la investigación mediante la aportación de pruebas en cualquier momento procesal.
  • Reparación o disminución del daño causado por el delito con anterioridad al juicio oral.
  • Implementación de medidas internas de prevención penal para evitar delitos futuros antes del juicio oral.

A la hora de determinar las circunstancias eximentes de la responsabilidad de empresas y administradores el texto explicita las siguientes condiciones:

  • Adopción y ejecución  eficaz de modelos organizativos y de control, antes de la comisión del delito.
  • Supervisión del funcionamiento del modelo de prevención penal implantado por los administradores por un  órgano independiente. Requisito éste no aplicable a empresas de reducida dimensión.
  • Ejercicio de una función de vigilancia diligente sobre empleados y colaboradores.
  • El caso en el cual los autores materiales del delito hayan eludido fraudulentamente los modelos de prevención implantados por la empresa.

Asimismo, se deberá dejar evidencia de todos los mecanismos y registros del sistema de prevención penal para su utilidad como prueba de cumplimiento, por lo que no servirán manuales con meras “declaraciones de buenas intenciones”, sino que habrá que demostrar que la entidad vigila ciertamente el adecuado desempeño de los procedimientos establecidos. Serán por tanto, los Tribunales los que determinarán en función de la eficacia de los modelos y su grado de implantación si se trata de una eximente completa de la responsabilidad de los administradores, o de una mera circunstancia  atenuante.

Dichos modelos de prevención penal deberán ser supervisados periódicamente y habrán de estar adaptados a la actividad desarrollada y tamaño de cada entidad, debiendo realizar un previo análisis de los potenciales riesgos en lo que podrían verse inmersas y establecer los debidos controles para la mitigación de los mismos.

La no disposición de un modelo de prevención penal podría conllevar incumplimiento del deber de supervisión y control de los administradores teniendo que hacer frente a posibles multas de hasta 9.000.000 de Euros y la pena de inhabilitación o prisión para éstos últimos.

Debido al corto margen que las sociedades tienen para la implantación de estos modelos de prevención penal y el alcance económico y reputacional que podría ocasionar una imputación por delito penal resulta recomendable  “ponerse manos a la obra” y no dejar los “deberes” para después de las vacaciones.

Raquel Hernáez Ruiz
Directora