Principales novedades de la norma que obliga al establecimiento de canales de denuncia en las empresas de más de 50 trabajadores. Directiva sobre protección a los denunciantes

El pasado día 26 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La principal novedad de la misma es la obligatoriedad de canales de denuncia en empresas (y otras personas jurídicas) de más de 50 empleados (precepto que entrará en vigor como máximo, el 17 de diciembre de 2023). De forma general, puede decirse que esta norma viene a consolidar gran parte de las características de los canales de denuncias ya implementados, además de trazar las líneas de las medidas de protección a los denunciantes. En este artículo vamos a intentar repasar algunas de las principales novedades de esta directiva.

En la Directiva se establece el contenido normativo de cuya infracción debe informarse a través de los canales de denuncia. Se establecen tres grandes áreas. La primera de ellas es el de las infracciones sobre normas de distintas materias (que van desde la contratación pública hasta las infracciones de seguridad de las redes y sistemas de información, pasando por la seguridad del transporte, alimentaria o nuclear). La segunda de las mismas es el de las infracciones que afecten a los intereses financieros de la UE. Por último, el tercer área se refiere a las infracciones del mercado interior. Punto fundamental es que la norma dicta que en caso de existir legislación específica sobre denuncia de infracciones en alguna de estas materias (como ocurre en el caso de Prevención del Blanqueo de Capitales) regirá esta normativa específica.

En cuanto a las personas que pueden utilizar los canales de denuncia, la Directiva opta por un concepto amplio. No sólo los trabajadores estrictos unidos con la persona jurídica por una relación laboral en vigor, sino también los directivos, miembros del órgano de administración, becarios, candidatos y exempleados, entre otros.  La Directiva define las condiciones para que los denunciantes tengan derecho a protección en los términos de los mismos.

Así mismo la Directiva establece dos tipos de canales, según se enmarquen o no en el ámbito de decisión de la persona jurídica. Los canales internos son aquellos que establece la persona jurídica en para posibilitar la comunicación de infracciones en el seno de la misma. Los canales de denuncias externos son aquellos establecidos por una autoridad competente para que a través de los mismos se comuniquen las infracciones de otras personas jurídicas, públicas y privadas. La norma establece que se han de promover los canales internos antes que los externos. Este precepto refuerza el fomento de la idea de un Compliance proactivo.

Sobre los canales de denuncia internos se insiste en algunos aspectos, que pueden ayudar a aquellas empresas que tengan implantados canales de denuncia a comprobar el cumplimiento de los mismos con la Directiva. A grandes rasgos son las siguientes:

  • Diseño seguro y protección de la confidencialidad del denunciante
  • Acceso único al personal autorizado
  • Acuse de recibo en los siete días siguientes desde la recepción de la denuncia
  • Seguimiento de las denuncias por una persona o departamento imparcial y competente
  • Seguimiento diligente de las denuncias, incluidas las anónimas
  • Plazo de respuesta, de como máximo tres meses desde la recepción de la denuncia
  • Información clara y accesible
  • Aceptación de los canales de denuncia por vía telefónica

Respecto a todos los canales de denuncias, internos y externos, la Directiva ahonda en distintos aspectos del deber de confidencialidad. De igual forma sobre el registro de las denuncias recibidas se establecen las normas para el registro de las denuncias por vía telefónica, así como el registro de las reuniones con los denunciantes.

Se prohíben las represalias sobre los denunciantes, considerando como tales entre otras, la suspensión o despido del denunciante o la inclusión en listas negras, así como anulaciones de permisos. La Directiva establece también medidas de apoyo y protección frente a represalias junto con medidas para proteger a los afectados por la denuncia. Los Estados Miembros, en el momento de trasponer la Directiva (disponen de plazo hasta el 17 de diciembre de 2021) deberán establecer sanciones por incumplimientos de la norma.

Como puede verse, la Directiva deja a los Estados Miembros un marco claro y unívoco en el que moverse cuando la traspongan. La norma se convierte en la referencia para los canales de denuncias establecidos y a establecer por las empresas y consolida el camino hacia una mejor y más efectiva cultura de Compliance en Europa.

 

Manuel Azpeitia – Corporate & Compliance Lawyer

Departamento de Compliance UHY Fay & Co Madrid