Dentro de la serie de artículos que venimos dedicando a las distintos aspectos de la responsabilidad de los administradores, pasamos a tratar en dos artículos una de las claves de la responsabilidad de los mismos, el deber de lealtad.

Pero, ¿Qué es este deber de lealtad? ¿Son acaso palabras vacías en la ley? Podemos decir con toda seguridad que no. Dicho deber pertenece a un conjunto de normas cuyo espíritu legislativo es crear un sistema de defensa para la protección del interés de la sociedad. En la Ley de Sociedades de Capital se dedican tres artículos a este aspecto de la responsabilidad de los administradores.

En el primer artículo se describe una idea general, que consiste en que los administradores deben desarrollar su cargo con la “lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”. Estas palabras tienen un valor y significado particular que nos ayuda a interpretar todas las distintas instrucciones concretas que se encuentran recogidas en los dos artículos siguientes. Cabe destacar de esta frase, que en las últimas interpretaciones se ha trasladado el concepto de “interés de la sociedad” al bien estar general de la comunidad en la que opera la entidad, más allá del mero beneficio de la sociedad mercantil, como se interpretaba tradicionalmente este término. Esta modificación tiene una estrecha relación con las expectativas actuales sobre las empresas y sus administradores, la llamada responsabilidad social empresarial.

Después de esta frase general, la norma comienza a enumerar los distintos deberes específicos que comporta dicho deber de lealtad. Vamos a tomar algunos de ellos como ejemplo para poder dar algunas ideas sobre lo que se concreta este deber que puede parecer a priori abstracto. La obligación de guardar secreto sobre todas las informaciones, datos o informaciones que haya conocido durante su cargo y por razón del mismo, incluso cuando ya no sea parte de la Administración de la Sociedad. Existe, sin embargo, una excepción a este deber, que consiste en la situación en la cual la Ley lo exija o lo permita, como en el caso de cualquier cuestión judicial por ejemplo.

Otro de los interesantes deberes es el de realizar de forma independiente el desempeño de sus funciones, sin que puedan afectar al mismo presiones o influencias externas de cualquier tipo como por ejemplo las que pudieran derivarse de intereses familiares o personales en la selección de personal o en la selección de proveedores. Se recoge así mismo que los administradores en su caso, tomen las medidas necesarias para evitar que entren en conflicto sus intereses con el de la entidad.

Este último deber descrito, es el “famoso” conflictos de interés, sobre el que próximamente desarrollaremos un artículo, en atención a la importancia que a los mismos les otorga no sólo la normativa vigente sino también el concepto de la responsabilidad social de la empresa y su comportamiento ético e íntegro.

Manuel de Azpeitia
Consultor de Riesgo y Cumplimiento