Dentro de las responsabilidades de los Administradores en la toma de decisiones estratégicas o de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 226, determina una serie de criterios que se han de cumplir para entender que estas decisiones han sido tomadas de forma adecuada.

Las cuatro condiciones que se prevén para considerar que las decisiones que han de tomar los administradores se encuentran en línea con la norma, son las siguientes:

  1. Actuar de buena fe;
  2. Sin interés personal en el asunto objeto de decisión;
  3. Con información suficiente;
  4. Y, en el marco de un procedimiento de decisión adecuado.

En cuanto a las tres primeras condiciones, son conceptos que en ocasiones resultan difíciles de determinar y hemos de guiarnos por lo referido en la propia norma. Pero en líneas generales se refieren al deber general de diligencia que ha de guiar en todo caso cualquier actuación de los administradores, como leal y ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza de su cargo y funciones.

La última de las condiciones, “con arreglo a un procedimiento de decisión adecuada”, es muy interesante y supone un gran avance dentro de la mejora del gobierno corporativo, que fue precisamente la que motivó la reforma que incluyó el artículo que analizamos.

Por lo tanto, el procedimiento de decisión adecuada implica:

  1. En primer lugar, la identificación de los distintos pasos que han de caracterizar la toma de decisiones por parte de los administradores,
  2. En segundo lugar, la inclusión de la buena fe, la falta de interés personal en el asunto y el contar con la información suficiente.

Este procedimiento es conveniente que se recoja por escrito. Debido a los últimos cambios legislativos en materia mercantil y especialmente tras la reforma del Código Penal que ahonda en la responsabilidad penal de los administradores, se ha consolidado la tendencia de la necesaria documentación de todos los procedimientos con el objetivo de dejar evidencias de los mismos.

Otra de la ventaja del establecimiento de procedimientos escritos para la toma de decisiones, es la identificación y por tanto mitigación de posibles conflictos interés entre los responsables de la misma, quienes podrán, en su caso, separarse del proceso si resulta conveniente.  Asimismo, la determinación del proceso facilita y monitoriza la inclusión de criterios nuevos o la consideración en los mismos de nuevos valores empresariales incardinados en nuestra sociedad.

Algunas de las opciones para la incorporación de estos procedimientos son los Códigos de Conducta utilizados por los administradores, o bien la elaboración de un documento un documento independiente.

En cualquier caso, el artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital nos da las claves para poder avanzar en el establecimiento de una correcta toma de decisiones como administradores que permita estar en todo momento actuando conforme a la normativa en vigor.

Manuel de Azpeitia
Consultor de Riesgo y Cumplimiento

Para acceder a más información relacionada con las obligaciones y responsabilidades de los administradores se puede acceder a los siguientes artículos previamente publicados en nuestro blog:

Responsabilidad de los Administradores: Deber de Lealtad

Responsabilidad de los Administradores: Conflictos de Interés

Responsabilidad de los administradores: Deberes de Información