Con la firma el pasado 27 de enero de 2016 del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información “País por País”, auspiciado por la OCDE, y anteriormente con las reforma fiscal y con la de la Ley de Sociedades de Capital el Gobierno impone a las empresas de cualquier ámbito y sector a incluir, dentro de sus protocolos internos de actuación, un mecanismo de transparencia y de Buen Gobierno Corporativo cuya finalidad no es otra que reforzar la política de Responsabilidad Social Corporativa.

Últimamente se oyen voces que confunden la economía de opción con la falta de responsabilidad fiscal. Es decir, que una planificación internacional dentro de la interpretación y finalidad de las leyes tributarias para que el grupo de empresas tribute lo menos posible se convierte, de una manera torticera y arbitraria por parte de la Administración Tributaria, en una falta de responsabilidad fiscal por no cumplir con los cánones de una planificación socialmente responsable y por ende dichas planificaciones terminan con la notificación de arbitrarias liquidaciones fiscales.

No olvidemos que la llamada economía de opción sólo puede concurrir en aquellos casos en los que el orden jurídico abre al sujeto distintas posibilidades de actuación, a las que podría acomodar la suya propia en función de sus particulares intereses y expectativas. Se trata así de un supuesto en el que resulta indiferente, desde la perspectiva del ordenamiento que el particular se decante por una u otra de las alternativas posibles, todas igualmente legítimas pero que por motivos estrictamente empresariales y fiscales se decanta el contribuyente por una de ellas.

Sin embargo, en innumerables ocasiones al explicar a la Administración el porqué de la planificación fiscal llevada a cabo, la interpretación de la misma en muy pocas ocasiones es acorde a la del contribuyente y se inicia un camino tortuoso de recursos, alegaciones y reclamaciones  muy costoso para el contribuyente. Asimismo, no son pocas las ocasiones que dichas planificaciones han sido ampradas y estimadas por los Tribunales de Justicia y han condenado a la Administración al pago de las costas y a admitir las planificaciones basadas en dicha economía de opción.

Y mientras esto ocurre, ¿dónde está la Responsabilidad Social de la Administración Pública y en concreto de la Administración Tributaria? Como todos sabemos, la Administración Tributaria tiene adquirido el principio de autotutela según el cual, sus actos se presumen válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos, incluso coactivamente, sin necesidad del concurso de los tribunales, y al margen del consentimiento de aquéllos.

En efecto, este derecho de autotutela que tiene concedida la Administración Tributaria, en lugar de utilizarlo para implantar mecanismos de responsabilidad social en sus actuaciones frente a los administrados, en muchas ocasiones lo manipula e interactúa desde una posición dominante y discrecional en beneficio de sus propios intereses, obligando a que el contribuyente tenga que explicarse y defender sus posturas interpretativas de planificación fiscal en la vía económico-administrativa e incluso en la vía contenciosa.

Y viendo esto nos planteamos, ¿para cuándo la Responsabilidad Social en la Administración Tributaria? Hoy en día no existe una doble dirección en cuanto a la implementación de la RSC, sólo se exige en una sola  y única dirección, como siempre, la de los contribuyentes. Y mientras la Administración Pública se decide a implementar internamente estos mecanismos de responsabilidad, las empresas debemos cumplir la normativa a través de los modelos de responsabilidad social corporativa y del informe país por país.

Ignacio Ruiz Carrasco
Responsable Fiscal