Resulta fundamental en todo proceso de puesta en marcha de cualquier modelo de RSC, tener en cuenta las facultades y responsabilidades de los componentes del órgano de administración así como su efectivo compromiso para aplicar los valores de RSC. Parece poco congruente aplicar reglas sobre las conductas de empleados y colaboradores y no regular el funcionamiento ético del órgano de administración. Algunas países como es el caso de España cuentan con una contundente regulación legal (mercantil y penal) que regula el ejercicio de la función de administrador. En todo caso, hay que tener en cuenta, que en el ámbito de la administración de las entidades, existen ciertas particularidades que pueden generar cierta propensión (por el amplio abanico de potestades propias de la función) a conductas inconvenientes desde el punto de la RSC. Es en este ámbito, donde además se genera la  delegación efectiva por nombramiento de directivos y donde se otorgan poderes a personas cualificadas en el ejercicio de actividades de representación.

En el órgano de administración se toman decisiones estratégicas que afectan al desarrollo del producto o de los servicios, a la presencia en determinados mercados, decisiones que afectan a las inversiones, a la financiación o a la capitalización de la entidad, pero también debe, en la mayoría de los casos, sentar las bases de las políticas de RSC a implantar y crear las estructuras financieras y técnicas que aseguren su correcto funcionamiento. Es por lo tanto esencial que el órgano de administración cumpla con los principios de transparencia y sostenibilidad para poder imbuir de estos valores a toda la organización. Cualquier contravención de los administradores de los valores comunes adoptados para dar fundamento a las políticas RSC, se propagará como la pólvora  dentro de la entidad y puede incluso, que la noticia llegue a la prensa o a los grupos de interés.  Para ser consecuente con el ideario RSC, los administradores deberán cumplir con determinados principios, entre los cuales destacan:

  1. Cumplir con las leyes, los estatutos por los que se rija la entidad y los pactos adoptados entre los socios.
  2. Actuar diligentemente, con buena fe y sin interés personal.
  3. Tener la dedicación adecuada para poder ejercer de forma razonada y eficiente sus facultades.
  4. Contar con la preparación técnica y la experiencia necesaria para  poder  cumplir con las facultades inherentes a su cargo.
  5.  Adoptar medidas adecuadas para llevar a cabo una gestión eficaz y sostenible de sus recursos, lo que implica adoptar modelos de control de gestión en todos los ámbitos de actuación de la entidad.
  6. Ejercer su derecho a recabar información para adoptar las decisiones atribuibles a su cargo, así como  proporcionar información veraz y contrastada a los accionistas u otros grupos de interés (con los límites derivados de la confidencialidad y del secreto profesional).
  7. Percibir una remuneración en todo caso financieramente sostenible, teniendo en cuenta la dimensión de la entidad y el sector en el que opera.
  8. El administrador deberá evitar cualquier conflicto de interés.
  9. Los administradores pondrán en funcionamiento modelos de prevención de riesgos que eviten la asunción de riesgos que pongan en peligro su sostenibilidad económica, social y medioambiental.
  10. Velar por el funcionamiento efectivo de los sistemas de control interno que posibilite la toma eficiente de decisiones a la vez que sirva de base para la correcta elaboración de la información financiera y de la información no financiera o de RSC.

Max Gosch
Socio- Partner