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Las grandes empresas no se libran tampoco de las nuevas exigencias de transparencia. El pasado 22 de octubre de 2014 se publicaba la Directiva 2014/95/UE por la que se modificaba la anterior Directiva Europea de 2013 en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos. Esta Directiva surge en el contexto tanto del Acta de Mercado Único como de la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, en las que se reitera la necesidad de aumentar la transparencia de la información social y medioambiental facilitada por las empresas de todos los sectores mediante los informes de sostenibilidad. Asimismo, el Parlamento Europeo, el documento final de la Conferencia «Río +20» de las Naciones Unidas y la Estrategia Europea 2020 insisten en la relevancia de la publicación de información de RSC de las empresas para la mejora de las inversiones y el impulso hacia una economía más sostenible.

A efectos prácticos, se pueden destacar de la Directiva ocho aspectos esenciales que las entidades deben tener en cuenta para su cumplimiento.

  1. Empresas afectadas:

Grandes empresas y grupos de interés público (empresas cotizadas, entidades financieras, empresas de seguros y otras empresas consideradas como tales por la legislación nacional, debido a la naturaleza de sus actividades, de su dimensión o de su estatuto legal) con un promedio de más de 500 trabajadores.

Se consideran grandes empresas aquellas cuyo total de balance es mayor a los 20 millones de euros o cuya facturación supere los 40 millones de euros.

Potencialmente la obligación de los informes de sostenibilidad se traslade paulatinamente a la cadena de valor y a empresas de menores dimensiones. Los grandes clientes pueden exigir que se les comuniquen ciertos datos para la inclusión en su propio documento.

Son aproximadamente 6.000 las empresas objeto de esta regulación.

  1. Obligaciones concretas de la Directiva:

Los sujetos obligados deberán emitir anualmente un estado no-financiero, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa.

  1. Contenido de los informes de sostenibilidad:

Establece la publicación de información sobre las políticas, los resultados y los riesgos relacionados con las siguientes cuestiones:

  • Asuntos medioambientales (el uso de energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua y otros recursos, etc.)
  • Asuntos sociales y laborales (la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el respeto a los derechos de los trabajadores, la salud y la seguridad en el trabajo, etc.)
  • Respeto de los derechos humanos (control sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos)
  • Lucha contra la corrupción y los sobornos (medidas de control interno y prevención, etc.)

La declaración no financiera deberá explicar además los procesos de supervisión sobre la cadena de suministro, incluyendo colaboradores y subcontratas, para la identificación, prevención y mitigación de posibles impactos negativos.

  1. Formato y pautas para la comunicación:

La información se podrá publicar en informes específicos de información no-financiera, informes de sostenibilidad o RSC, o bien incluir los datos requeridos por la Directiva en el Informe de Gestión de la entidad.

Existen determinados marcos de preparación de información no-financiera, como puede ser Global Reporting Initiative o el marco del International Integrated Reporting Council que pueden servir como referencia para su preparación. No obstante, la Directiva no obliga actualmente a su aplicación.

  1. Plazos para el cumplimiento:

Las primeras declaraciones no-financieras o informes de sostenibilidad deberá publicarse en 2017 sobre los datos de 2016. Puesto que es un proceso transversal, las entidades sujetas a esta normativa deberían estar preparando ya los medios para la recopilación de la información pertinente.

  1. Revisión de los estados no-financieros:

La Directiva exige que los auditores financieros o legales comprueben si la información ha sido proporcionada, pero actualmente no exige una verificación externa independiente del mismo. Sin embargo, la propia normativa señala que los países miembros pueden exigir que la información sea revisada por un profesional de servicios de aseguramiento independiente.

  1. Excepciones e incumplimientos:

En el caso de que la empresa no aplique ninguna política en relación con una o varias de las cuestiones contempladas en la norma, deberá ofrecer en el estado no financiero una explicación y justificación al respecto.

Asimismo, si la empresa considera que existe un riesgo comercial relevante en la publicación de determinados datos o contenidos en los informes de sostenibilidad, lo expresará igualmente de forma motivada.

  1. Trasposición de la Directiva:

Los estados miembros de la Unión Europea tienen hasta el 6 de diciembre de 2016 para trasponer la Directiva. Asimismo, podrán ampliar los requisitos de información o los criterios de aplicación para llegar a un número mayor de entidades.

La aplicación de esta normativa en España es todavía incierta. Lo que sí es seguro, es que las obligaciones de transparencia han llegado para quedarse, y las empresas que no se incorporen rápidamente a esta filosofía pueden quedarse fuera.

Andrea Duque Pérez
Responsable RSE